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El controvertido plan de Trump para detener migrantes en Guantánamo
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado un plan inesperado para detener hasta 30,000 migrantes indocumentados en la base militar de Guantánamo, en un aparente intento de desviar la atención tras la confusión generada por la retirada de una orden para congelar fondos federales.
Trump aseguró que se construiría un nuevo centro de detención en la instalación ubicada en Cuba, históricamente utilizada para retener sospechosos de terrorismo desde los ataques del 11 de septiembre. Esta medida se enmarca dentro de su estrategia para endurecer la política migratoria y transformar el gobierno federal bajo una agenda conservadora.
Sin embargo, su administración se vio envuelta en controversia cuando una directiva que bloqueaba billones en fondos públicos fue retirada de manera repentina, generando incertidumbre. Más tarde, la Casa Blanca aclaró que la política general de Trump seguía en pie.
Durante la firma de una nueva ley que exige la detención previa al juicio para migrantes acusados de crímenes violentos, Trump defendió el uso de Guantánamo, argumentando que duplicaría la capacidad de EE.UU. para retener inmigrantes sin documentos.
Críticas y preocupaciones
El anuncio ha sido fuertemente criticado por diversas organizaciones y gobiernos, calificándolo de una medida inhumana. Actualmente, la base de Guantánamo alberga a un reducido grupo de detenidos de conflictos militares pasados, aunque en su punto máximo llegó a retener a cientos de personas, generando condenas internacionales.
El nuevo secretario de Defensa de EE.UU. aseguró que los migrantes no serían retenidos en la misma área que los últimos detenidos de la era post-11S y sugirió que se podrían construir nuevas instalaciones en sectores no militares de la base. Por su parte, el gobierno cubano ha denunciado la medida como un acto de crueldad.
Este anuncio coincide con la firma de la Ley Laken Riley, en honor a una estudiante de enfermería asesinada por un migrante venezolano en situación irregular. Trump destacó que su nombre quedará registrado en la legislación estadounidense como símbolo de la lucha contra la criminalidad migratoria.
Reestructuración gubernamental y controversia fiscal
El plan migratorio de Trump se suma a su intento de reformar el gobierno federal. Recientemente, ordenó la congelación de subvenciones y préstamos federales destinados a programas sociales, aunque tras recibir fuertes críticas y enfrentar acciones legales, la Casa Blanca dio marcha atrás en la decisión. No obstante, funcionarios aseguraron que la política fiscal de Trump sigue vigente.
Además, el presidente ha lanzado una reestructuración del personal gubernamental, ofreciendo indemnizaciones para quienes opten por renunciar y exigiendo el regreso obligatorio al trabajo presencial antes del 6 de febrero, bajo amenaza de despido. También se ha informado sobre la revocación de credenciales de seguridad a funcionarios considerados opositores, incluyendo exlíderes militares.
Con estas acciones, la administración Trump refuerza su control sobre las instituciones mientras avanza con su estricta agenda migratoria.