PJD se mantiene firme sobre la pena de muerte: Justicia y disuasión como prioridad
Marruecos se está preparando para votar a favor de una resolución de la Asamblea General de la ONU que aboga por una moratoria global sobre la pena de muerte. A raíz de esto, el Partido de Justicia y Desarrollo (PJD) ha reiterado su postura sobre la pena capital, afirmando su importancia como herramienta para la justicia y la estabilidad social.
En una reunión del liderazgo el martes, el PJD destacó su creencia de que la pena de muerte, tal como está establecida en la ley islámica, es tanto una forma de retribución como un elemento disuasorio. El partido subrayó que la pena de muerte desempeña un papel crucial en el mantenimiento del orden, ofreciendo un sentido de justicia a las familias de las víctimas y calmando la agitación social. Según el PJD, el sistema de pena capital proporciona la disuasión necesaria frente a los crímenes graves.
La postura del gobierno marroquí sobre este tema fue expresada por el Ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, quien confirmó que el país votará a favor de la resolución de la ONU. Ouahbi destacó que este paso refleja el compromiso de Marruecos con el derecho a la vida, tal como se recoge en su constitución. “El derecho a la vida es el primer derecho de todo ser humano. La ley protege este derecho”, afirmó Ouahbi, citando el artículo 20 de la constitución marroquí.
Aunque la pena de muerte sigue estando codificada en el código penal de Marruecos, el país ha mantenido una moratoria de facto sobre las ejecuciones desde 1993. Esta decisión ha recibido el apoyo de diversas organizaciones de derechos humanos, que abogan por un fin global de la pena de muerte. Entre estas voces se encuentra el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos (CNDH), que ha presionado durante mucho tiempo para que Marruecos alinee sus políticas sobre la pena de muerte con los estándares internacionales de derechos humanos.
Además, Marruecos está a punto de introducir una nueva legislación el próximo año destinada a reducir el hacinamiento en las prisiones y fomentar la rehabilitación. A partir del 22 de agosto, se implementará una ley que promoverá sentencias alternativas para ciertos delitos. Esta ley incluirá sanciones no privativas de libertad para faltas con penas de hasta cinco años, pero excluirá delitos como el terrorismo, la trata de personas y los delitos relacionados con las drogas.
Mientras Marruecos avanza con su voto planificado, el debate sobre la pena de muerte continúa desarrollándose, con diversos actores sopesando las implicaciones de tales decisiones tanto a nivel nacional como internacional.
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