Las masacres sectarias en Siria amenazan una transición frágil

Cerca de 1.500 civiles alauitas fueron brutalmente asesinados en una ola de violencia sectaria que azotó la costa mediterránea de Siria entre el 7 y el 9 de marzo, tras una rebelión armada protagonizada por leales al expresidente Bashar al-Assad. Una investigación detallada ha demostrado que la cadena de mando de estos ataques conduce directamente a figuras que hoy forman parte del nuevo liderazgo en Damasco.

Uno de los casos más impactantes fue el asesinato de Suleiman Rashid Saad, de 25 años, a quien le extrajeron el corazón y lo colocaron sobre su pecho. Figuraba como el número 56 en una lista manuscrita de 60 víctimas en la aldea de Al-Rusafa, entre ellas vecinos, primos y seis niños. Su padre, Rashid Saad, relató que los asesinos lo llamaron desde el teléfono de su hijo y lo desafiaron a recoger el cuerpo.

Las matanzas fueron perpetradas por combatientes suníes como represalia por una insurgencia de leales a Assad que, según fuentes oficiales, dejó 200 miembros de las fuerzas de seguridad muertos un día antes. La investigación identificó 40 lugares donde se cometieron asesinatos, saqueos e incendios, principalmente contra la minoría alauita, históricamente vinculada al régimen de Assad.

La violencia dejó al descubierto la profunda fractura sectaria en Siria, una herida que el nuevo gobierno aún no ha logrado cerrar. Persisten las tensiones entre quienes respaldaron al antiguo régimen y quienes esperaban su caída.

Estas revelaciones surgen en un contexto en el que Estados Unidos comienza a flexibilizar las sanciones impuestas desde hace años a Siria. Esta distensión genera polémica, ya que el nuevo gobierno está liderado por figuras de un grupo islamista disuelto, anteriormente conocido como Hayat Tahrir al-Sham (HTS), vinculado en el pasado a al-Qaeda bajo el nombre de Frente al-Nusra.

Ahmed al-Sharaa, quien lideró la ofensiva que derrocó a Bashar al-Assad y capturó Damasco, asumió la presidencia en enero. De confesión suní, al-Sharaa permanece bajo sanciones de las Naciones Unidas desde 2014.