Sara Duterte viaja a los Países Bajos para apoyar la batalla legal de su padre ante la CPI

La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, hija del expresidente Rodrigo Duterte, viaja a los Países Bajos para ayudar a su padre tras su arresto en Manila. El arresto, realizado bajo una orden de la Corte Penal Internacional (CPI), está vinculado a presuntos “crímenes contra la humanidad” durante su presidencia, relacionados principalmente con su controvertida campaña antidrogas, que provocó miles de muertes.

Rodrigo Duterte, de 79 años, quien fue presidente entre 2016 y 2022, fue detenido en el aeropuerto de Manila y trasladado a La Haya el martes. Podría convertirse en el primer exjefe de estado asiático en enfrentar juicio en la CPI.

Sara Duterte partió hacia Ámsterdam el miércoles para organizar el equipo legal de su padre en los Países Bajos. Ha expresado públicamente su creencia de que el arresto de su padre es un acto de opresión y persecución, considerándolo una violación de la soberanía filipina. Además, subrayó que es un insulto para quienes valoran la independencia nacional.

El presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. defendió la decisión de cooperar con la CPI, citando los compromisos del país con Interpol. Mientras tanto, la hija menor de Duterte, Veronica Duterte, planea presentar una solicitud de hábeas corpus ante la Corte Suprema de Filipinas para exigir el regreso de su padre.

El exasesor legal de Duterte, Salvador Panelo, anunció que el equipo legal evaluará sus opciones y determinará dónde será retenido el expresidente. Uno de sus abogados, Silvestre Bello, indicó que el equipo buscaría claridad sobre el acceso a Duterte.

Sara Duterte ha negado consistentemente cualquier delito, alegando que las acciones contra su familia son motivadas políticamente. Aunque la CPI no ha acusado oficialmente a su padre, las investigaciones están en curso desde 2018 por presuntos crímenes cometidos durante su guerra contra las drogas.

La presidencia de Rodrigo Duterte se caracterizó por su postura agresiva contra el crimen. Durante su campaña y a lo largo de su mandato, alentó públicamente a la policía a matar a los sospechosos de drogas, lo que condujo a más de 7,000 muertes durante sus operaciones antidrogas.

Tras su arresto, se celebró una vigilia por parte de familiares y partidarios de las víctimas de la guerra contra las drogas de Duterte en Quezon City, exigiendo justicia para los afectados por sus políticas.